Según un estudio de la OCDE , Chile experimentará un marcado envejecimiento de la población en las próximas décadas, es decir, el número de individuos de 65 años y más por cada 100 personas en edad de trabajar alcanzará 43% en 2050. Este escenario, entre otros factores, ha generado debate sobre la posibilidad de retrasar la edad de jubilación, tomando en cuenta –además- el bajo estándar de pensiones que tiene nuestro país en comparación a las naciones que componen la Organización. En este sentido, de acuerdo al último Workmonitor, estudio trimestral de tendencias de la consultora multinacional de Recursos Humanos Randstad, 84% de los trabajadores chilenos considera que si el Gobierno decide elevar la edad de jubilación, también debe invertir para mantener empleada a esta significativa fuerza de trabajo.



Natalia Zúñiga, gerente de marketing y comunicaciones de Randstad, señala que si bien las empresas han venido implementando iniciativas y mejoras, considerando la nueva composición de la población en Chile, el Gobierno también es un actor clave en esta materia. “Las diversas investigaciones en torno a la vejez dan cuenta de que el adulto mayor chileno ya no es el mismo de antes. Hoy se observa un senior activo, capaz, con mayor expectativa de vida, mejor salud y sobre todo con la necesidad y las ganas de trabajar, de seguir empleado y vigente en el mundo laboral actual; sin embargo en la mayoría de las ocasiones las oportunidades en el mercado laboral son acotadas o las posiciones disponibles no calzan con sus verdades capacidades, por lo que muchas veces las compañías abordan esta temática desde una óptica de RSE más que visualizando el real aporte que los profesionales mayores de 60 años pueden hacer en las organizaciones”.



En este sentido, y en línea con lo que refleja el estudio, la ejecutiva sostiene que es relevante que el Gobierno invierta y genere políticas que apunten a crear empleos dignos para este segmento de la población, es decir, acorde a sus conocimientos, y evidentemente adecuados a su condición física. Por ejemplo, “reimpulsar el proyecto de ley sobre contrato especial a distancia, debido a que el teletrabajo es un beneficio que permitiría estimular la participación laboral de diversos grupos, entre ellos los adultos mayores, que pueden tener mayor disposición a trabajar desde sus casas o más dificultades para desplazarse", señala. Agrega que la flexibilidad de horarios y la posibilidad de trabajar media jornada también son medidas que fomentan su inclusión, naturalmente tomando en cuenta que en algunas industrias esto no es posible de llevar a cabo por el tipo de negocio de la organización, acota la experta.



Asimismo, Natalia comenta que otra buena iniciativa sería ampliar los topes de edad en los programas de capacitación Sence. “De acuerdo con la última Casen, los adultos mayores presentan niveles educacionales más bajos que la población de entre 19 y 59 años, cifras ponen en evidencia la necesidad de abrir programas de formación para enseñar y actualizar las capacidades de los adultos mayores, poniendo el foco en las habilidades tecnológicas, ya que en esta área está la mayor brecha generacional”. De igual forma, y como una forma de reconocer a aquellas empresas que enfocan parte de su proceso de contratación en el segmento mayor, podría existir algún tipo de premio o sello que las distinga. “Actualmente las compañías están poniendo bastante foco en el reclutamiento y retención de los Millennials, lo que es positivo debido a que aportan desde otra visión; no obstante también es importante resaltar a aquellas organizaciones que respetan y valoran la contribución y el compromiso de los seniors al empleo, con su experiencia y sabiduría”. Así, como estas, hay cientos de ideas que se pueden ir evaluando, “como incluir una sección senior en la bolsa nacional de empleo y fortalecer las OMIL para la capacitación y colocación de las personas mayores”, propone Natalia. 



Si bien 84% de personas afirmando que el Gobierno debe invertir en esta materia, en otros países esta certeza es aún mayor. En China, por ejemplo, que es un país reconocido por respetar a los mayores, 94% de la población laboralmente activa señala que las políticas públicas deben tener injerencia en esta temática; luego viene Portugal e India, ambos con 93%; y en tercer lugar está Brasil, con 91%.